JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTEs: SUP-JDC-1827/2012 Y ACUMULADOS

actores: maría teresa aguilar aguirre y otros

autoridad RESPONSABLE: SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN correspondiente a LA primera CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL, CON SEDE EN guadalajara, jalisco

magistrado ponente: Flavio Galván rivera

secretarios: Alejandro olvera acevedo y rodrigo quezada goncen

México, Distrito Federal, a doce de septiembre de dos mil doce.

VISTOS, para resolver, los autos de los juicios  acumulados para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificados en el resultando III (tercero) de esta sentencia, promovidos por María Teresa Aguilar Aguirre y las demás personas que se precisan en el citado resultando, quienes controvierten, por su propio derecho, la sentencia dictada por la Sala Regional de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, en los juicios de revisión constitucional electoral acumulados, identificados con las claves SG-JRC-505/2012 y SG-JRC-507/2012, y

R E S U L T A N D O:

I. Antecedentes. De la narración de hechos que los actores hacen en sus escritos de demanda, así como de las constancias que obran en los expedientes de los medios de impugnación identificados en el resultando III (tercero) de esta resolución y de los autos del recurso de reconsideración identificado con la clave SUP-REC-168/2012, que se tiene a la vista, en cuyo expediente obra el original de la sentencia impugnada, se advierten los siguientes antecedentes:

1. Jornada electoral. El primero de julio de dos mil doce se llevó a cabo la jornada electoral, a fin de renovar a los depositarios del Poder Legislativo y Ejecutivo, así como a los integrantes de los Ayuntamientos, todos del Estado de Jalisco, entre ellos, los correspondientes al Municipio de San Martín de Hidalgo.

2. Cómputo municipal. El cuatro de julio de dos mil doce, el Consejo Municipal de San Martín de Hidalgo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, llevó a cabo el cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento respectivo.

3. Calificación de la elección y asignación de regidurías de representación proporcional. El ocho de julio de dos mil doce, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en sesión especial, calificó la elección municipal celebrada en San Martín Hidalgo, Jalisco, y expidió la constancia de mayoría y validez a favor de la planilla de candidatos postulados por la Coalición “Compromiso por Jalisco”, integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México; asimismo, llevó a cabo la respectiva asignación de regidores, electos, por el principio de representación proporcional, en términos del acuerdo identificado con la clave IEPC-ACG-321/12.

4. Juicios de inconformidad local. Disconformes con el acuerdo precisado en el punto tres (3) que antecede, el nueve de julio de dos mil doce, los partidos políticos Movimiento Ciudadano y Acción Nacional promovieron sendos juicios de inconformidad, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, los cuales fueron radicados, respectivamente, en los expedientes identificados con las claves JIN-001/2012 y JIN-068/2012.

5. Sentencia en los juicios de inconformidad local. El veintiséis de julio del año en que se actúa, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco resolvió, en forma acumulada, los juicios de inconformidad precisados en el punto cuatro (4) que antecede, en el sentido de confirmar la expedición de la controvertida constancia de mayoría y validez otorgada a los candidatos de la Coalición “Compromiso por Jalisco”, en el Municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco.

6. Juicios de revisión constitucional electoral. Disconformes con lo resuelto en los mencionados juicios de  inconformidad, el treinta de julio de dos mil doce, José Antonio Elvira de la Torre, en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y José Francisco Romo Romero, en su carácter de representante suplente de Movimiento Ciudadano, ante el citado Consejo General, promovieron sendos juicios de revisión constitucional electoral, ante la Sala Regional Guadalajara de este Tribunal Electoral, radicados en los expedientes SG-JRC-505/2012 y SG-JRC-507/2012.

II. Sentencia impugnada. El treinta de agosto de dos mil doce, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, resolvió, en forma acumulada, los juicios de revisión constitucional electoral precisados en el punto seis (6) del resultando que antecede, al tenor de los siguientes puntos resolutivos:

PRIMERO. Se decreta la acumulación de los juicios de revisión constitucional electoral SG-JRC-507/2012, al diverso SG-JRC-505/2012, por ser éste último el más antiguo. En consecuencia glósese copia certificada de los presentes puntos resolutivos al expediente acumulado. 

SEGUNDO. Se revoca parcialmente la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, emitida en los autos del expediente JIN-001/2012 y su acumulado JIN-068/2012, en la parte conducente que confirma la expedición de constancia de mayoría y validez a favor de Juana Ceballos Guzmán, candidata a Presidente (sic) Municipal en San Martín Hidalgo, Jalisco.

TERCERO. Se revoca la constancia de mayoría y validez otorgada  a favor de Juana Ceballos Guzmán, candidata a Presidente Municipal en San Martín Hidalgo, Jalisco, y que fuera expedida por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. 

CUARTO. Se vincula al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, para los efectos precisados en el apartado argumentativo Sexto de la presente resolución.

III. Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Inconformes con la sentencia dictada por la Sala Regional Guadalajara, de este Tribunal Electoral, los ciudadanos que se precisan a continuación, presentaron sendas demandas de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, la cual dio origen a los expedientes que se señalan:

 IV. Remisión y recepción en Sala Superior. Mediante diversos oficios, recibidos los días seis, siete y diez de septiembre de dos mil doce, en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, el Magistrado Presidente de la Sala Regional Guadalajara de este Tribunal Electoral remitió los mencionados escritos de demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con sus respectivos anexos.

V. Turno a Ponencia. Mediante diversos proveídos de seis, siete y diez de septiembre de dos mil doce, el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral acordó integrar los expedientes precisados en el resultando III (tercero) de esta sentencia, y turnarlos a las Ponencias de los Magistrados integrantes de esta Sala Superior, para los efectos previstos en el artículo 19, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es formalmente competente para conocer y resolver los medios de impugnación precisados en el resultando III (tercero) de esta sentencia, conforme a lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, fracción VI, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, inciso c), y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 79, párrafo 1, 80, párrafo 1, inciso f) y 83, párrafo 1, inciso a), fracción III, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque se trata de juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovidos por diversos ciudadanos, quienes aducen vulneración a su derecho político-electoral de voto activo; por tanto es inconcuso que la competencia formal para conocer y resolver la controversia planteada, se actualiza para esta Sala Superior

SEGUNDO. Acumulación. Del estudio comparado de los correspondientes escritos de demanda, que motivaron la integración de los expedientes precisados en el resultando III (tercero) de esta sentencia; se advierte que los actores controvierten el mismo acto, señalan a la misma autoridad responsable, expresan hechos y conceptos de agravio similares y tienen la misma pretensión, porque promueven sendos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en contra de la Sala Regional Guadalajara de este Tribunal Electoral, para controvertir la sentencia dictada en los juicios de revisión constitucional electoral, acumulados, identificados con las claves SG-JRC-505/2012 y SG-JRC-507/2012, en la cual se revocó por inelegibilidad, la constancia de mayoría y validez otorgada a favor de Juana Ceballos Guzmán, candidata a Presidenta Municipal de San Martín Hidalgo, Jalisco.

Por tanto, atendiendo al principio de economía procesal, a fin de resolver de manera conjunta, rápida, expedita y completa, los medios de impugnación precisados en el resultando III (tercero) de esta sentencia, además de evitar el dictado de posibles sentencias contradictorias en juicios similares, lo procedente, de conformidad con lo previsto en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 86 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es acumular los seiscientos cincuenta y seis juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano señalados en resultando III (tercero) de esta sentencia, al juicio identificado con la clave de expediente SUP-JDC-1827/2012.

La determinación del juicio atrayente obedece a que en el expediente identificado con la clave SUP-JDC-1827/2012, está radicada la demanda recibida en primer lugar, en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior. En consecuencia, se debe glosar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia, a los expedientes de los juicios acumulados.

TERCERO. Improcedencia. Esta Sala Superior considera que se deben desechar de plano las demandas que dieron origen a los medios de impugnación precisados en el resultando III (tercero) de esta sentencia, porque del análisis de los escritos respectivos se advierte su notoria improcedencia,  conforme a lo previsto en los artículos 9, párrafo 3, 25, párrafo 1, y 79, párrafos 1 y 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

De los citados preceptos se advierte que un medio de impugnación es notoriamente improcedente cuando se concreta alguna de las hipótesis expresamente previstas en la misma ley adjetiva electoral federal, como causal de inviabilidad del juicio o recurso y también cuando esa improcedencia deriva de las disposiciones de tal ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, caso en el cual se debe desechar de plano la demanda.

Para determinar la procedibilidad del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en términos generales, se debe tener presente lo previsto en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, párrafo 3, 25 párrafo 1, y 79, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral que, en su parte conducente, son al tenor literal siguiente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 99

…

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:

…

V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos aplicables;

…

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral

Artículo 9

….

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno.

Artículo 25

1. Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables, a excepción de aquellas que sean susceptibles de impugnarse a través del recurso de reconsideración, de conformidad con lo dispuesto en el Título Quinto del Libro Segundo de este ordenamiento.

Artículo 79

1. El juicio para la protección de los derechos político-electorales, sólo procederá cuando el ciudadano por sí mismo y en forma individual, o a través de sus representantes legales, haga valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votado en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. En el supuesto previsto en el inciso e) del párrafo 1 del siguiente artículo, la demanda deberá presentarse por conducto de quien ostente la representación legítima de la organización o agrupación política agraviada.

2. Asimismo, resultará procedente para impugnar los actos y resoluciones por quien teniendo interés jurídico, considere que indebidamente se afecta su derecho para integrar las autoridades electorales de las entidades federativas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 25, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias dictadas por las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son definitivas e inatacables, con naturaleza y autoridad de cosa juzgada. La única excepción, a la regla mencionada, es la procedibilidad del recurso de reconsideración ante esta Sala Superior, conforme a lo previsto en los artículos 61 y 62, de la citada ley procesal electoral federal, cuyo texto es el siguiente:

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral

Artículo 61

1. El recurso de reconsideración sólo procederá para impugnar las sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionales en los casos siguientes:

a) En juicios de inconformidad que se hayan promovido en contra de los resultados de las elecciones de diputados y senadores, así como las asignaciones por el principio de representación proporcional que respecto de dichas elecciones realice el Consejo General del Instituto; siempre y cuando se cumplan los presupuestos y requisitos establecidos en este ordenamiento, y

b) En los demás medios de impugnación de la competencia de las Salas Regionales, cuando hayan determinado la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución.

Artículo 62

1. Para el recurso de reconsideración son presupuestos los siguientes:

a) Que la sentencia de la Sala Regional del Tribunal:

I. Haya dejado de tomar en cuenta causales de nulidad previstas por el Titulo Sexto de este Libro, que hubiesen sido invocadas y debidamente probadas en tiempo y forma, por las cuales se hubiere podido modificar el resultado de la elección, o

II. Haya otorgado indebidamente la Constancia de Mayoría y Validez o asignado la primera minoría a una fórmula de candidatos distinta a la que originalmente se le otorgó o asignó, o

III. Haya anulado indebidamente una elección, o

IV. Haya resuelto la no aplicación de alguna ley en materia electoral por estimarla contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b) Que el Consejo General del Instituto Federal Electoral haya asignado indebidamente diputados o senadores por el principio de representación proporcional:

I. Por existir error aritmético en los cómputos realizados por el propio Consejo, o

II. Por no tomar en cuenta las sentencias que, en su caso, hubiesen dictado las Salas del Tribunal, o

III. Por contravenir las reglas y fórmulas de asignación establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La excepción a la regla es que las sentencias de fondo, dictadas por las Salas Regionales, son impugnables únicamente mediante recurso de reconsideración, en términos de lo previsto en los citados artículos, 61 y 62, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En la especie, el acto impugnado es la sentencia emitida por la Sala Regional Guadalajara de este Tribunal Electoral, en los juicios de revisión constitucional electoral SG-JRC-505/2012 y SG-JRC-507/2012, acumulados, de tal suerte que los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovidos por los ciudadanos ya mencionados, resultan notoriamente improcedentes, en razón de que este medio de impugnación no es idóneo para controvertir las sentencias emitidas por las Salas Regionales de este Tribunal Electoral dictadas en los juicios de revisión constitucional  electoral de su competencia.

En consecuencia, lo procedente conforme Derecho es desechar de plano las demandas de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que han quedado mencionadas.

No es obstáculo para concluir lo anterior que el recurso de reconsideración sea el medio procedente para controvertir, por excepción, las sentencias de las Salas Regionales de este Tribunal Electoral; sin embargo, en este particular no es conforme a Derecho reencausar los juicios incoados a recurso de reconsideración.

Lo anterior, dado que ha sido criterio reiterado de este órgano colegiado, que no se debe reencausar un medio de impugnación a la vía que le correspondería cuando no se satisfagan los requisitos de procedibilidad. Tal criterio dio origen a la tesis de jurisprudencia identificada con la clave 1/97, consultable a fojas cuatrocientas a cuatrocientas dos de la “Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y Tesis en materia electoral”, Volumen 1, “Jurisprudencia”, publicada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es: “MEDIO DE IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA ELECCIÓN O DESIGNACIÓN DE LA VÍA NO DETERMINA NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA”.

Esta Sala Superior considera que, con independencia de que se advierta alguna otra causal de improcedencia, se actualiza la causal prevista en los artículos 9, párrafo 3, y 10, párrafo 1, inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque los actores carecen de legitimación, para controvertir la declaración de nulidad o validez de una elección constitucional, lo cual constituye el fondo de la controversia resuelta por la Sala Regional Guadalajara, en la sentencia que se pretende controvertir.

En efecto, conforme a lo previsto en el artículo 9, párrafo 3, de la citada ley adjetiva electoral federal, los medios de impugnación son notoriamente improcedentes, entre otras causales, cuando así se advierta de lo previsto en las disposiciones de la mencionada ley procesal, caso en el cual las demandas respectivas se deben desechar de plano.

A su vez, el artículo 10, párrafo 1, inciso c), de la ley en comento, prevé que serán improcedentes los juicios o recursos electorales, cuando el o los promoventes carezcan de legitimación en los términos del ordenamiento jurídico invocado, caso en el cual se produce el mismo efecto mencionado en el párrafo que antecede, en el sentido de desechar de plano la demanda.

Como se puede advertir, los mencionados preceptos prevén auténticas causales de notoria improcedencia de los medios de impugnación en materia electoral y, a la vez, señalan la consecuencia jurídica a la que conduce esa improcedencia.

Efectivamente, de conformidad con lo previsto en los artículos a los que se ha hecho mención, los juicios y recursos electorales son notoriamente improcedentes cuando el o los actores carecen de legitimación para promoverlos.

Desde esta perspectiva, si bien el artículo 10, párrafo 1, inciso c), de la mencionada Ley General no precisa el tipo de legitimación cuya carencia motiva la improcedencia del medio de impugnación respectivo, esto no es óbice para concluir que se puede tratar tanto de la aptitud o capacidad jurídica para comparecer, por sí mismo, como actor en un juicio o recurso, como a la identidad o calidad de la persona física o moral titular del derecho o del deber sustantivo en controversia, con quien promueve el juicio o recurso, esto es, como una de las personas que la legislación sustantiva aplicable autoriza para controvertir los actos o resoluciones como el que se reclama.

Ahora bien, a juicio de esta Sala Superior, en los asuntos bajo análisis es evidente que, los actores carecen de legitimación para controvertir en juicio la sentencia dictada por la Sala Regional Guadalajara, en la cual determinó revocar la constancia de mayoría y validez entregada a Juana Ceballos Guzmán, quien contendió al cargo de Presidenta Municipal en San Martín Hidalgo, Jalisco.

Lo anterior es así, porque del análisis de lo previsto en el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que la legitimación para promover los juicios o recursos, cuya competencia corresponde a este Tribunal Electoral, para impugnar los actos o resoluciones que afectan el interés público, también identificado como interés jurídico de la ciudadanía, se confiere a los partidos políticos, mientras que a los ciudadanos, considerados en su individualidad, solamente pueden promover los respectivos medios de impugnación en aquellos casos en que los actos o resoluciones de autoridad determinada o partido político pueden producir una afectación en el ámbito de derechos político-electorales de que son titulares, es decir, para controvertir actos o resoluciones que causen un agravio personal, individualizado, cierto, directo e inmediato al demandante, por lo que hace a sus derechos político-electorales o, en su caso, a sus derechos patrimoniales, cuando se objete la imposición de alguna sanción pecuniaria, casos en los cuales, la restitución en el goce de los derechos conculcados es posible, mediante la revocación, modificación o anulación del acto o resolución impugnado.

Efectivamente, cuando los actos o resoluciones dados en cualquiera de las etapas de un procedimiento electoral causan agravio a una comunidad de ciudadanos, sea ésta determinada o no, la reparación de los derechos vulnerados sólo es posible mediante la adopción de medidas con mayor amplitud, como pudiera ser la declaración de nulidad de la votación recibida en una casilla, la nulidad de una elección o, la revocación de la entrega de una constancia de mayoría y validez a un ciudadano, por resultar inelegible, como es el caso de la elección de Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Martín Hidalgo, Jalisco, caso en el cual se pide la revocación de la sentencia impugnada.

Como se precisó, la situación expuesta en párrafos anteriores, tiene sustento en lo previsto en el artículo 41, párrafo cuarto, base VI, de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos,  en términos del cual se establece la existencia de un sistema de medios de impugnación en materia electoral, para que los actos y resoluciones de las autoridades se sujeten invariablemente a los principios de constitucionalidad y legalidad.

Este sistema está constituido, en principio, en términos del párrafo cuarto del artículo 99 de la Ley Fundamental, en el cual se establecen los juicios y recursos electorales, así como los actos y resoluciones que pueden ser objeto de controversia ante las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El precepto constitucional en cita, en su parte conducente, es al tenor siguiente:

…

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:

I.  Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores;

II.  Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior.

Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes.

La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos.

III.  Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales;

IV.  Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos;

V.  Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos aplicables;

VI.  Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores;

VII.  Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores;

VIII.  La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Federal Electoral a partidos o agrupaciones políticas o personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que infrinjan las disposiciones de esta Constitución y las leyes, y

IX.                   Las demás que señale la ley.

…

Así, de conformidad con el artículo constitucional invocado, es posible impugnar, entre otros, los actos y las resoluciones, definitivos y firmes, de las autoridades de las entidades federativas, competentes para organizar las elecciones de Ayuntamientos, diputados al Congreso local y Gobernador del Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como los actos y resoluciones, definitivos y firmes, de las autoridades competentes para resolver las controversias de intereses jurídicos que surjan con motivo de esas elecciones locales. Igualmente se pueden controvertir los actos y resoluciones que vulneren los derechos político-electorales de los ciudadanos, ya sea de votar, ser votado o de afiliación libre y pacífica a los partidos políticos o de asociación, para tomar parte en los asuntos políticos del país.

Ahora bien, el artículo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establece que ese ordenamiento jurídico es reglamentario, de los artículos 41, 60 y  99, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, como ha quedado expuesto, establece los juicios y recursos procedentes en materia electoral, así como los actos y resoluciones que pueden ser objeto de impugnación en esta materia.

En este contexto, es claro que corresponde a la mencionada ley adjetiva electoral federal regular, de manera específica, el procedimiento a seguir para la substanciación de los juicios y recursos electorales, por los cuales es posible controvertir los actos y resoluciones que han quedado precisados, motivo por el cual es ese ordenamiento jurídico él que también determina los sujetos legitimados, para promover el juicio o recurso respectivo.

Cada uno de los juicios y recursos previstos en la citada ley adjetiva electoral federal, tienen su regulación específica, según sea el caso, detallando los actos y resoluciones que pueden ser objeto de impugnación en materia electoral, limitando la legitimación, en la mayoría de los juicios y recursos, a los partidos políticos y, de manera excepcional, se reconoce legitimación a los ciudadanos; en este último caso, siempre que se cause agravio al actor, por vulnerar algún derecho, político o pecuniario, personal, inmediato y directo del demandante quien, precisamente, por esa titularidad, está investido de legitimación.

En este sentido, es claro que el sistema de medios de impugnación en materia electoral, previsto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, 60 y 99, párrafo cuarto, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en su regulación específica en la ley reglamentaria correspondiente, hace una clasificación de los actos y resoluciones electorales impugnables, relacionados de manera mediata o inmediata, a las distintas etapas de los procedimientos electorales, así como con el ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos, considerando que la defensa de los primeros se encomienda a los partidos políticos, ya sea en interés propio o bien para lograr la tutela del interés público o de los intereses difusos, colectivos o de grupo, de la ciudadanía.

En cambio, en la defensa de los derechos políticos del ciudadano o pecuniarios, los únicos legitimados para promover los medios de impugnación son los titulares del derecho afectado, considerados en su individualidad, motivo por el cual es inconcuso que los ciudadanos no tienen legitimación para promover los medios de impugnación, cuando se pretenda tutelar o proteger el interés público, el interés colectivo o de grupo, toda vez que esta función corresponde únicamente a los partidos políticos, aun cuando los correspondientes actos o resoluciones impugnados puedan incidir indirecta y mediatamente en los derechos político-electorales de determinados ciudadanos.

En el particular, los actores aducen que toda vez que la Sala Regional Guadalajara determinó revocar la entrega de constancia de mayoría y validez a Juana Ceballos Guzmán, quien contendió al cargo de Presidenta Municipal en San Martín Hidalgo, Jalisco, se viola su derecho político-electoral de voto activo, dado que emitieron su sufragio a favor de la citada ciudadana, en la elección local llevada a cabo.

Lo anterior torna evidente que el acto reclamado, es decir, la sentencia de la Sala Regional Guadalajara, está vinculada con la etapa de calificación de la elección respectiva, motivo por el cual, si bien puede causar alguna afectación al derecho de votar de los actores, lo cierto es que ese acto trasciende al derecho de todos y cada uno de los ciudadanos del Municipio, razón más que suficiente para concluir que, conforme al sistema de medios de impugnación en material electoral, constitucional y legalmente establecido, los ciudadanos no están legitimados para controvertir un acto de autoridad como el que se reclama.

En este contexto, esta Sala Superior considera que no se satisface el requisito de procedibilidad consistente en la legitimación de cada demandante, a pesar que aducen vulneración a su derecho de votar, toda vez que este planteamiento lo hacen depender de la revocación de la entrega de constancia mayoría y validez a Juana Ceballos Guzmán, quien contendió al cargo de Presidenta Municipal en San Martín Hidalgo, Jalisco, determinada por Sala Regional Guadalajara, actos que, como ha quedado precisado con antelación, no puede ser impugnado por los ciudadanos en general, sino únicamente por el ciudadano directamente afectado o por los partidos políticos, en defensa de un interés directo o difuso.

En atención a lo expuesto, resulta clara la notoria improcedencia de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que han quedado identificados; por tanto, lo procedente conforme a Derecho es desechar las demandas correspondientes.

Por lo expuesto y fundado se

R E S U E L V E :

PRIMERO. Se acumulan al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave de expediente SUP-JDC-1827/2012, los demás medios de impugnación señalados en el resultando lll (tercero) de esta sentencia; en consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos a los expedientes de los juicios acumulados.

SEGUNDO. Se desechan las demandas de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que se precisan en el resultando III (tercero) de esta sentencia.

NOTIFÍQUESE: por estrados a los actores, toda vez que no señalaron domicilio para recibir notificaciones en esta  ciudad de México y a los demás interesados; por oficio, a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, lo anterior con fundamento en los artículos 26, párrafo 3, 27, párrafo 6, y 28 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Devuélvanse los documentos que correspondan y, en su oportunidad, archívese los expedientes como asuntos totalmente y definitivamente concluidos.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Subsecretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe.